PÚBLICO.ES / EFE - Madrid - 26/05/2008 07:27
Juan José Cortés, el padre de la niña Mari Luz, asesinada en Huelva presuntamente por Santiago del Valle, se ha reunido esta tarde con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y con el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, en el palacio de la Moncloa.
Cortés y su esposa piden a las autoridades que se legalice la cadena perpetua para los pederastas asesinos. Desde hace semanas, la familia de la niña está recogiendo firmas en todo el país para pedir la recuperación de esta medida de castigo en la condenas a este tipo de delincuentes.
Escándalo judicial
El escándalo judicial que envolvió el caso -Santiago del Valle estaba condenado en firme por abusar sexualmente de su hija y no había entrado en prisión - ha ayudado a la familia a superar el número de firmas necesarias para que su propuesta se debata en el Parlamento.
Para lograrlo, los familiares organizaron una caravana y han recorrido numerosas ciudades del país recabando apoyo ciudadano.
El propio Zapatero se puso en contacto con Cortés tras conocerse los fallos judiciales y prometió que el Gobierno llegaría "al fondo" en la investigación abierta y depuraría responsabilidades.
El pasado 7 de abril el Consejo General del Poder Judicial abrió expediente por una falta muy grave de desatención al titular del juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, Rafael Tirado, quien no ordenó ejecutar la sentencia que condenó por abusos a Del Valle.
Por su parte, el Ministerio Fiscal acordó el 16 de abril abrir un expediente disciplinario también por falta muy grave a la secretaria judicial del juzgado, Juana Gálvez Muñoz, por un presunto incumplimiento de sus obligaciones legales en el caso de Mari Luz.
Además de la cadena perpetua, la familia Cortés y el más de medio millón de personas que han suscrito la propuesta reclaman la creación de un registro de condenados por pederastia, público para padres, colegios e instituciones vinculadas a niños.
La propuesta incluye además el establecimiento de un protocolo de actuación en caso de desapariciones de menores.
Juan José Cortés, el padre de la niña Mari Luz, asesinada en Huelva presuntamente por Santiago del Valle, se ha reunido esta tarde con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y con el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, en el palacio de la Moncloa.
Cortés y su esposa piden a las autoridades que se legalice la cadena perpetua para los pederastas asesinos. Desde hace semanas, la familia de la niña está recogiendo firmas en todo el país para pedir la recuperación de esta medida de castigo en la condenas a este tipo de delincuentes.
Escándalo judicial
El escándalo judicial que envolvió el caso -Santiago del Valle estaba condenado en firme por abusar sexualmente de su hija y no había entrado en prisión - ha ayudado a la familia a superar el número de firmas necesarias para que su propuesta se debata en el Parlamento.
Para lograrlo, los familiares organizaron una caravana y han recorrido numerosas ciudades del país recabando apoyo ciudadano.
El propio Zapatero se puso en contacto con Cortés tras conocerse los fallos judiciales y prometió que el Gobierno llegaría "al fondo" en la investigación abierta y depuraría responsabilidades.
El pasado 7 de abril el Consejo General del Poder Judicial abrió expediente por una falta muy grave de desatención al titular del juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, Rafael Tirado, quien no ordenó ejecutar la sentencia que condenó por abusos a Del Valle.
Por su parte, el Ministerio Fiscal acordó el 16 de abril abrir un expediente disciplinario también por falta muy grave a la secretaria judicial del juzgado, Juana Gálvez Muñoz, por un presunto incumplimiento de sus obligaciones legales en el caso de Mari Luz.
Además de la cadena perpetua, la familia Cortés y el más de medio millón de personas que han suscrito la propuesta reclaman la creación de un registro de condenados por pederastia, público para padres, colegios e instituciones vinculadas a niños.
La propuesta incluye además el establecimiento de un protocolo de actuación en caso de desapariciones de menores.
